Las órdenes ejecutivas en las que el
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pone sobre el papel las propuestas más extremas de su
campaña sobre inmigración afectan sobre todo a grandes ciudades donde se
concentran la mayoría de los inmigrantes. Este miércoles, los alcaldes y los
fiscales de Nueva York y Los Ángeles, las dos ciudades más grandes y
más ricas de Estados Unidos, salieron inmediatamente a responder a Trump. La
batalla legal para defender a los inmigrantes será larga.
Al poco de hacer públicas las órdenes
ejecutivas, los primeros manifestantes se congregaron en la plaza Washington,
en Manhattan. Nueva York,
precisamente la ciudad de Trump, es una de las que
más ha enseñado los dientes ante las políticas del presidente, de las que más
protestas ciudadanas acogió en sus calles tras la victoria electoral del famoso
constructor. Junto con Los Ángeles, fueron las que lideraron la ofensiva judicial de las ciudades para defender la reforma migratoria de Barack
Obama cuando los republicanos la llevaron a los tribunales.
Este miércoles, el alcalde, Bill de
Blasio, advirtió de que las autoridades municipales “no deportarán a los
neoyorquinos que cumplan las leyes, no separarán familias ni dejarán a niños
sin sus padres”. Los decretos recién aprobados por la Administración Trump,
comento De Blasio, “van en contra de nuevos valores, pero el trazo de un
bolígrafo no cambia a los neoyorquinos”.
En la calle estaba Kristine McGowin,
de 45 años, que piensa protestar durante los próximos cuatro años de
presidencia. “Me da mucho miedo, lo que dice y todo lo que puede llegar a
hacer, la gente le quitaba gravedad, pero estamos viendo que sí piensa y actúa como
habla”, decía en Nueva York esta profesional del sector publicitario, también
voluntaria de la campaña de la demócrata Hillary Clinton.
Por otra parte el neoyorquino Elliott
Crown, un actor que iba disfrazado con una máscara de Trump, cuestionaba hasta
qué punto la nueva Casa Blanca podría torcer la voluntad de la ciudad. “¿Van a
traer las tropas?”, preguntaba riendo. Pero la Administración federal sí
plantea cortar fondos a las ciudades rebeldes, Para Crown, lo más inquietante a
largo plazo son los planes de revisar el sistema electoral con el argumento de
evitar fraudes. A su juicio, “los sistemas de doble comprobación buscan en
realidad quitarle el voto muchos hispanos e afroamericanos”.
Trump plantea recortar los fondos
federales a aquellas ciudades que protejan a los extranjeros en situación
irregular, es decir, que vivan bajo una suerte de pacto tácito de no agresión.
Entre esas llamadas ciudades santuario, una denominación no
oficial, ocupa un lugar destacado Nueva York, cuyo Ayuntamiento aprobó la
creación en 2014 de un carnet de identidad con el que los sin papeles podían
usar recursos municipales e incluso abrir cuentas bancarias. Los Ángeles o San
Francisco tiene instrumentos similares, y también Boston, Denver o Chicago son
consideradas santuarios.
“La seguridad de cualquiera que vive,
trabaja o visita Los Ángeles es nuestra prioridad”, dijo en un comunicado el
alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti. La ciudad con más inmigrantes
irregulares de Estados Unidos, y el Estado de California, donde vive un tercio
de los sin papeles del país, están en estado de alerta desde el día que Trump
gabó las elecciones. Garcetti lleva días recordando que el término ciudad
santuario está siendo manipulado, que por supuesto que la ciudad entrega
inmigrantes a la policía migratoria, pero lo hace con orden judicial. “Lo que
no hacemos es pedir a la policía de Los Ángeles que haga labores de policía de
inmigración”, una política fundamental para mantener la confianza de los
ciudadanos en el cuerpo.
Garcetti tuvo además una advertencia
sobre las consecuencias económicas para una ciudad que, como Nueva York, se
sentaría en el G-20 si fuera un país independiente. “Separar familias y cortar
fondos a una ciudad, especialmente Los Ángeles, por cuyo puerto entra el 40% de
los bienes a Estados Unidos y con 80 millones de pasajeros al año en nuestro
aeropuerto, pone en riesgo la seguridad personal y la salud económica de toda
nuestra nación", en cuanto a California, el día anterior había sido
nombrado oficialmente como fiscal general del Estado Xavier Becerra,
excongresista demócrata, hijo de inmigrantes mexicanos y para muchos una
elección pensada como fiscal de guerra. El encargado de combatir a
Trump en los tribunales pidió “poner las cosas en contexto” y afirmó: “El
Departamento de Justicia de California está preparado para proteger la
seguridad pública y el bienestar de todos los californianos, así como sus
derechos a la propiedad y la privacidad. Son derechos y protecciones que han
sobrevivido muchos desafíos
a lo largo del tiempo”.
Para las 10 mayores ciudades, según
datos recogidos por Reuters, el recorte de fondos federales que Trump ha puesto
sobre la mesa podría sumar unos 2.270 millones de dólares. De Blasio ya avanzó
el martes que pondría en sus presupuestos una partida adicional de 250 millones
para los próximos cuatro años en reservas debido a la “enorme incertidumbre”
que emana Washington. Si se cortan los fondos, recalcó, la capital irá a los
tribunales a combatirlo. Este miércoles lamentó el efecto que puede tener en
los recursos del departamento de policía, que en los últimos años ha logrado
reducir exitosamente el número de homicidios en la ciudad.
El fiscal general del Estado de Nueva
York, Eric Schneiderman, advirtió de que “el presidente Trump no tiene
autoridad constitucional para cortar los fondos a las ciudades santuario porque
protegen a los inmigrantes dentro de la legalidad”. “Urjo al presidente a
revocar esa orden”, reclamó, si no lo hace, “haré lo que esté en mi poder para
combatirla”. Schneiderman ha sido especialmente duro con Trump desde la
elección. El pasado diciembre se declaró “listo” para luchar contra su
“programa radical”, la batalla legal que viene muestra la actual fractura entre
el poder de Washington, en manos conservadoras, y las grandes capitales de
Estados Unidos (urbes principales del mundo), gobernadas por progresistas.
Otra ciudad enfrentada a Trump es
Chicago, cuyo alcalde es el demócrata Rahm Emanuel, exjefe de gabinete a Obama
durante su primer mandato. El presidente le ha acusado de no saber gestionar la
epidemia de homicidios en la ciudad y el martes llegó a amenazar en su cuenta
de Twitter con enviar allí fuerzas federales.
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